Es una broma de muy mal gusto escuchar por parte del Ejecutivo que la economía española crecerá el próximo año un 9’8% i que los ingresos serán los mejores de la historia cuando en el 2020 estamos sufriendo la peor caída del PIB desde la Guerra Civil, entre un -11’2% (según datos de Moncloa) y un -12,6% (según el Banco de España y el FMI). A esto, hay que añadirle un paro desbocado donde se calcula que uno de cada cinco trabajadores -el 20% de la población activa- estará desocupado en 2021. 

Por mucho que nos quieran vender la burra, estos son los PGE más antisociales de la historia precisamente porque obvian el escenario por el que nos movemos buena parte de los ciudadanos ante los efectos devastadores de la pandemia. Autónomos, pymes, familias que viven de los sectores como la restauración y la hostelería, cultura, turismo y ocio nocturno verán con estos PGE como se les incrementan los impuestos o se crean de nuevos, a diferencia del resto de países de la zona euro donde los han suprimido o rebajado notablemente. Aquí, el Gobierno recaudará 9.000 millones vía impositiva, un hachazo indiscriminado a los bolsillos de todos los españoles.  

En cuanto a la provincia de Lleida, se prevé una inversión de 79 millones, menos del 4% del total de Catalunya. La misma cantidad se destinó en 2011 solo para el Canal Segarra-Garrigues, una cifra que suponía el 40% del total asignado en los PGE de hace una década. De esta partida, 47’8M corresponden a empresas públicas (Renfe-Adif, Acuamed y Acuaes) y el resto, 31’2M a inversiones de los ministerios que no especifican el detalle de la inversión a excepción del ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Lo único que nos queda claro es que se invertirán 558.000 euros en cuatro vías prioritarias. ¿Dónde van a ir a parar los más de 30 millones restantes? 

Desde el Partido Popular de Lleida hemos presentado una serie de enmiendas territoriales que no han sido incorporadas como la ejecución de las glorietas previstas en la N-240 a su paso por Juneda o la licitación para el inicio de la ampliación y mejora de la N-230 desde la boca norte del Túnel de Vielha hasta la capital de la Val d’Aran. En cuanto a infraestructuras hidráulicas proponíamos una dotación para la modernización del Canal d’Urgell y de Piñana, así como actuaciones en el embalse de Rialb. En cuanto a regadíos hay que lamentar que únicamente están presupuestados aquellos que ya estaba comprometido con los PGE del Partido Popular. Otras enmiendas se refieren a la mejora de las instalaciones de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn; un programa de promoción de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida; la rehabilitación de la iglesia de Sant Domènech de Cervera; o la adecuación de las instalaciones de parapente de Organyà, entre otras. 

Saldremos de la pandemia gracias a la ciencia y personal sanitario pero las políticas de Sánchez e Iglesias nos arrastrarán a una crisis económica sin parangón. Cuanto antes nos vacunemos contra ellas, antes volverán la prosperidad y el trabajo. Necesitamos todo lo contrario de lo que nos presenta este Gobierno. Hace falta más que nunca un plan nacional de reformas que refuerce la seguridad jurídica, que elimine las trabas burocráticas y cargas administrativas a nuestras empresas, y que atraiga talento e inversión.   

Muy consciente de lo que nos espera, os deseo unas Felices Fiestas y un próspero 2021. 

Sent plenament conscients de que el Govern de l’Estat, després de gaudir d’un plàcid estiu, s’ha tret les puces de sobre i ha descarregat totes les seves responsabilitats en les CCAA. Alhora també és una realitat que el Govern de la Generalitat pretén fugir d’estudi criminalitzant alguns sectors que compten amb totes les mesures necessàries, a diferència d’altres sectors públics on les exigents normes que es demanen a alguns, allí es deixen d’aplicar. Només cal escoltar als sectors de la restauració i hosteleria; oci nocturn, gimnasos i centres d’estètica per reafirmar-me en el que penso: les decisions arbitràries dels diferents departaments implicats han estat un desastre. El pas en fals amb l’hosteleria és notori quan hem conegut que la Covid es va disparar 15 dies després de tancar bars i restaurants; en aquest sentit, Catalunya va notificar 2.251 casos diaris i quinze dies més tars, aquesta xifra superava els 6.000.

Són tantes les pífies d’uns i altres que el ciutadans estem totalment desconcertats. Hem passat del “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado” de 31 de gener als més de 60.000 morts a 3 de novembre. La mala gestió de la pandèmia ha comportat el tancament definitiu de centenars de milers d’establiments, la pèrdua a mansalva de llocs de treball, i el que és més dur, ha generat incertesa i confusió davant la manca de credibilitat d’uns governants que s´ho han guanyat a pols.

Estem davant d’una crisi sanitària, econòmica i social que no pot tenir com a recepta les contradiccions dintre d’un mateix Executiu, la improvisació i la pujada d’impostos. Precisament pel que fa a la fiscalitat, només recordar que España, Catalunya i Lleida estan fent tot el contrari del que fan a la resta del països europeus. Enlloc de suprimir, congelar i rebaixar, el que han fet és crear-ne de nous i incrementar els que ja tenim. S’han anunciat milions d’euros per pal·liar els desastres econòmics, que ja han estat titllats d’insuficients i tardans pels diferents sectors, mentre es continua castigant a les classes mitges i al teixit productiu amb la pujada de les quotes dels autònoms, la gasolina, les begudes ensucrades i els plàstics, entre d’altres.

Des del Partit Popular proposem assentar les bases d’un model econòmic en aquest període de pandèmia  i post Covid centrat en cinc eixos fonamentals: menys impostos, amb una exempció fiscal a empreses afectades pel Covid i la carència de pagaments dels crèdits ICO; més flexibilitat laboral potenciant la Llei de Segona Oportunitat; menys burocràcia amb la creació d’una autopista administrativa perquè una empresa pugui crear-se en cinc dies; millor formació, que inclou una transformació digital de les escoles i universitats; i més competitivitat, internacionalitzant les empreses i apostant per l’economia circular.  

Fa temps que aquest Govern és a la Lluna i per això entenem a la perfecció que la Generalitat, en els seus deliris de grandesa, anunciï en plena pandèmia, la creació d’una NASA de butxaca, com definia Màrius Carol. I mentrestant, els qui encara toquem de peus a terra, esperem amb fervor l’arribada de la vacuna que, segons el Ministre de Sanitat Salvador Illa, ens portarà el Pare Noel per Nadal!!!

La situación actual preocupa especialmente porque atenta contra el derecho a la propiedad privada, afecta gravemente a la convivencia vecinal y pone en grave peligro la seguridad de las personas y bienes. Lo que ya es problemático en sí mismo hay que añadirle además la existencia de mafias organizadas que realizan okupaciones de diversos inmuebles en barrios concretos que se utilizan en ocasiones para otras actividades delictivas.

Ante esta grave intromisión, los gobiernos de turno tienen la obligación de dar respuesta a este desafío a través de la gestión de los parques de vivienda pública y los acuerdos con entidades financieras que les cedan pisos vacíos. En ningún caso, el derecho a disponer de una vivienda digna pasa por la intromisión a la propiedad privada y mucho menos en dar facilidades a los okupas como las que propone, sin ir más lejos, el tripartito de la Paeria regularizando el suministro de agua a las familias que viven en pisos okupados en situación de vulnerabilidad o de convertir en activos los pisos vacíos de propietarios para ofrecerlas a familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda. Todo el mundo tiene derecho a dormir bajo techo, pero no a costa del sudor de los demás y encima, por imperativo legal.

Ante la gravedad de la situación, el Partido Popular ha presentado una proposición de ley que formula medidas pioneras antiokupas que pivotan sobre tres ejes: en primer lugar, la agilización del proceso penal en el que la Policía podrá actuar en un plazo exprés de 24 horas sin necesidad de esperar varios meses como ocurre actualmente y reforzando el delito de usurpación, pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años; en segundo lugar, la ampliación de la reforma de los procesos para dotar de la misma agilidad en la recuperación de los inmuebles con titularidad jurídica; y finalmente, en la propuesta del PP se define de forma clara quées la ocupación ilegal impidiendo que la casa ocupada tanga consideración de morada.

Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios, ni tienecomo objetivo regularizar los conocidos “precarios”.

La imagen negativa de Lleida que se está proyectando a través de los medios de comunicación es fruto única y exclusivamente de una pésima gestión a la hora de atajar con contundencia los rebrotes en una parte del Segrià. ¿Tan complicado era tomar medidas cuando el pasado 22 de junio se detectaron focos de infección en Aragón y donde retrocedieron automáticamente de fase, teniendo en cuenta que se situaban a 20 quilómetros de las poblaciones que ahora se ven más afectadas? ¿Por qué en Lleida pasamos de Fase 3 a la “nueva” normalidad en un par de horas?

Frente a desinfección de calles y equipamientos municipales, y rastreo de contagiados y pruebas serológicas, los (ir)responsables políticos -que no expertos en pandemiashan optado por encerrarnos a los que sí hemos cumplido y hundir el tejido productivo; en definitiva, nos habéis dejado a los pies de los caballos.

La falta de descoordinación entre las administraciones y la carencia de liderazgos para afrontar esta situación ha sido evidente. Vuestra desidia, falta de transparencia y desastrosa comunicación se traduce en el derrumbe y quiebra de miles de establecimientos, entidades y familias. Sin embargo, y lejos de que alguien se tome la molestia de dimitir, todavía tenemos que aguantar petulantes declaraciones que Artículo pretenden ocultar las erróneas decisiones que han convertido Lleida en una provincia de apestados. No tenéis vergüenza. Desde el pasado 28 de junio, fecha en que el secretario de Salut Pública dejó el puesto por motivos de salud, no hemos escuchado ni un sola voz experta en la materia. Una autoridad científica da legitimidad al mensaje de cualquier político y el Govern ni se ha preocupado en buscar una alternativa al Dr. Joan Guix.

Como viene siendo habitual en el Govern y la Paeria, han derivado sus obligaciones en los ciudadanos -infinitamente más responsables que ellos- que se han traducido en un confinamiento de cariz político, sin base jurídica sólida y en el que pagamos justos por pecadores. Descabelladas e inoportunas han sido las propuestas del gobierno local, queriendo regularizar a los “sinpapeles” y dar una paga a los “sintecho” y temporeros para que se confinen, comportando automáticamente un efecto llamada.

Para sacar Lleida del pozo en el que nos han metido, la alternativa pasa por realizar microconfinamientos en los espacios donde se detecten positivos con su rastreo correspondiente, permitir la apertura de terrazas con las medidas de seguridad establecidas y una inyección de liquidez suficiente y de forma inmediata. Imprescindible, además, censurar comentarios de algunos supremacistas como el del presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell; la portavoz del Govern, Meritxell Budó; el conseller de Interior, Miquel Buch; o la de Agricultura, Teresa Jordà.

Llegados a este punto, ya va siendo hora de poner blanco sobre negro y evidenciar que la gestión llevada a cabo por el Gobierno ha sido nefasta. Al margen de los inevitables bulos que han circulado por la red acompañados por una inmediata rectificación, nadie duda de la tardía reacción del Gobierno, después de conocer que la vicepresidenta Carmen Calvo fue nombrada máxima responsable del Comité de Coordinación Interministerial frente al coronavirus el 4 de febrero. Un mes más tarde, cuando el virus ya campaba a sus anchas a sabiendas de los máximos responsables de este país, acababan de ultimarse los preparativos de un 8-M que pasará a la historia por convertirse en un foco de infección mortal. Además de “solas y borrachas”, las manifestantes regresaron a sus casas con algo más, y si no que se lo pregunten a la ministra de Igualdad Irene Montero. Aquel fin de semana, solamente en Madrid se celebraron más de 70 acontecimientos multitudinarios básicamente porque Pedro Sánchez creyó que su ficción superaría la realidad. A partir de ahí, los datos “oficiales” sobradamente conocidos de la pandemia evidencian el pésimo manejo de un fenómeno que precisaba de todo menos de altivez. Las cifras son paupérrimas en todos los sentidos pero me quedo con una, la de los 48.000 profesionales de la sanidad contagiados -supone más del 21% de la población- y los 76 fallecidos, todo ello consecuencia de la falta de equipos de protección. De hecho, a día de hoy más de 3.300 familias y seis asociaciones ya han presentado sus querellas contra el Gobierno por prevaricación, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.  

La manipulación, la falta de transparencia y la inacción o mala praxis en esta crisis sanitaria han dejado al descubierto en manos de quienes estamos. Se lleva la palma, la inexistencia del famoso “ranking” mundial de test de coronavirus del que alardeaba Sánchez, tras pillarlo la CNN. Vergüenza ajena contar con un presidente que nos ha vendido una pandemia de aplausos y arcoíris, utilizando sus medios afines y con el propósito de prorrogar el estado de alarme “sine die”. 

Desde mediados de marzo, Moncloa y su entramado se han convertido en un portal propagandístico y en una fábrica de anticuerpos contra las libertades. La mayoría de países que están luchando contra el Covid19 lo han hecho sin aplicar el estado de alarma o levantándolo a las pocas semanas. De hecho, la UE pide sustituirlo por leyes ordinarias, y su Convenio de Derechos Humanos y el Reglamento de la OMS validan la limitación de movilidad sin excepción legal. El Partido Popular, ya ha dado un ultimátum al Gobierno ofreciendo un Plan B que pasa por arrinconar un estado que les permite campar a sus anchas dotándoles de poderes excepcionales y aplicar hasta seis leyes vigentes que facultan mantener el mando único y limitar la movilidad. La lealtad del Partido Popular, después de dos meses apoyando los planes de Moncloa, continúa siendo con los españoles ante los engaños e ineficacia de Pedro Sánchez.